En estos días pareciera que todo el mundo girara alrededor del Covid-19, que la vida estuviera detenida por cuenta de las cuarentenas y que el Gobierno estuviera volcado exclusivamente a atender la emergencia de la pandemia. Pero no es así del todo, como lo evidencia que las normas que regularán el funcionamiento de los proyectos pilotos de fracking avancen a buen ritmo en los ministerios de Minas y Ambiente y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Este mes, estas entidades publicaron para comentarios borradores de regulación de las normas técnicas, contractuales y ambientales para arrancar con estos pilotos que estaban estancados por una decisión que el Consejo de Estado reversó el año pasado.

Tener listas estas normas es uno de los primeros pasos para poner en marcha los pilotos recomendados por el Comité de Expertos que convocó el Gobierno en 2018 para tener información empírica sobre los riesgos y ventajas de implementar la técnica y decidir si es o no viable hacerlo.

Pero tanto el contenido de los proyectos, como el hecho de que se hayan publicado en medio de la pandemia, cuando las comunidades de las áreas de influencia del proyecto están en cuarentena y con dificultades de acceso a internet para enterarse y enviar observaciones, genera rechazo de los miembros del movimiento antifracking que alistan una estrategia jurídica y mediática para frenar el avance de esta regulación.

Las normas en discusión

En febrero de este año, el Ministerio de Minas publicó este decreto que puso las normas generales para que funcionara el proyecto piloto, pero que decía también que además de esa norma general se necesitaban normas específicas del mismo Ministerio de Minas, pero también del de Ambiente, Interior, Salud y de la ANH. 

Este mes salieron las regulaciones para tres de esas cuatro normas pendientes, así:

Reglamentación técnica: el borrador de resolución ya fue publicado en la página del Ministerio de Minas, ya se venció el primer plazo para comentarios y deben publicar en las próximas semanas la versión final. Es un documento de cinco capítulos que define los requerimientos técnicos que deben cumplir las empresas que harán los pilotos antes, durante y posterior al proyecto. 

El proyecto de resolución define que se realizarán máximo cuatro proyectos pilotos, que se perforarán dos pozos en cada uno, permiten que sean las empresas las que monten las redes de monitoreo sísmico (pues es uno de los riesgos que más preocupa a las comunidades del fracking) según los criterios que determine el Servicio Geológico Colombiano, obligan a transmitir en tiempo real la información de estas redes de monitoreo y a tener un video en tiempo real con una panorámica de los proyectos en una página web; y estipula que no se podrán perforar pozos a menos de 500 metros de un centro poblado ni a menos de 200 metros de un pozo de agua.

Reglamentación del contrato: el reglamento en borrador es un proyecto de Acuerdo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la entidad que administra los contratos de petroleros). El documento de siete capítulos está hasta hoy para comentarios, y básicamente dice cómo se asignarán las áreas y cuáles serán los condiciones entre las petroleras y el Gobierno para hacer los pilotos.

El borrador define entre otras cosas lo siguiente:

  • que los proyectos se harán en las cuencas del Valle Medio del Magdalena (en zona de influencia de Barrancabermeja) y Cesar Ranchería (en el sur de Cesar y en inmediaciones de la Loma), 
  • que las empresas que ya tienen contratos de exploración en yacimientos no convencionales (los que se explotan con fracking) tendrían prioridad si quieren proponer proyectos piloto en las áreas donde ya están. Eso le daría una ventaja a Ecopetrol, Conoco Phillips, Drummond, Exxon y Parex (las petroleras que ya tienen contratos de no convencionales suspendidos provisionalmente por la decisión del Consejo de Estado) 
  • que a una empresa podrían aprobarle hasta cuatro propuestas, es decir es posible que todos los pilotos los haga una sola petrolera, 
  • que tendrán que destinar un porcentaje del costo del proyecto a inversión social, 
  • que si la Anla le niega la licencia ambiental o pone condiciones que para la empresa son imposibles de cumplir, puede renunciar al contrato, 
  • y que el petróleo que se produzca en el piloto lo puede aprovechar la empresa siempre y cuando pague regalías e impuestos.

Reglamentación ambiental: el Ministerio de Ambiente ya sacó un borrador de los términos de referencia,es decir, las normas para que las empresas puedan solicitar una licencia ambiental. Es un documento de 193 páginas y once partes que define el detalle de cómo se deben evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto y da las normas para manejar los riesgos sísmicos, de manejo de desechos, del agua y de los ecosistemas.

Es de los proyectos más clave porque según el cumplimiento o no de estas normas es que se decide si a un piloto le dan o no la licencia ambiental, y también según qué tantas cosas se exijan a las empresas se define qué tan costoso (y viable económicamente) es un proyecto.

Reglamentación social: todavía no ha salido para comentarios, pero según nos confirmaron fuentes en el Ministerio de Minas debe estar por salir.

Reglamentación en salud: todavía no ha salido para comentarios y, según nos confirmó una fuente en el Ministerio de Salud, por la atención a la pandemia no se ha avanzado mucho en el borrador.

Además de estos proyectos, el Ministerio de la Ciencia sacó esta convocatoria por 8 mil millones de pesos para grupos de investigación con proyectos de investigación, innovación y desarrollo sobre yacimientos no convencionales. 

De acuerdo con lo que le dijo a La Silla Vacía el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (el gremio de las petroleras privadas), Francisco José Lloreda, ya el gremio mandó sus comentarios a las normas en discusión, la técnica y la contractual en general le parecen razonables y enviaron comentarios de fondo a la ambiental. 

“El interés en los no convencionales continúa”, dijo Lloreda, “se espera contar este año con la regulación y trámite de los permisos y licencias, para que el próximo año puedan iniciarse los pilotos. Ojalá sea así”.

Esto a pesar de que los precios del barril del petróleo han caído más de un 30 por ciento desde el año pasado, de la incertidumbre sobre cómo se comportará la demanda de energía en un momento poscoronavirus y de que la pandemia ya ha golpeado los ingresos y obligado a recortar presupuestos de inversión de varias de las petroleras interesadas en hacer fracking en Colombia incluida Ecopetrol y ConocoPhillips.

Una fuente de Ecopetrol que no es vocera nos confirmó que la compañía también había enviado comentarios a los proyectos de regulación y que mantenía su interés, como lo dijo el presidente de la compañía, Felipe Bayón, en esta entrevista con el Espectador.

“La reducción en los precios del petróleo no impacta el desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral. Estos continúan siendo parte de la estrategia de Ecopetrol, porque estamos convencidos de que son una gran oportunidad para Colombia, ya que la energía más cara es la que no se tiene”, dijo.

Pero así como las empresas petroleras siguen firmes en su intención de hacer los pilotos, los opositores a la técnica, reunidos en la Alianza Colombia Libre de Fracking, se mantienen en su oposición y tienen críticas tanto a los proyectos de regulación en concreto, como al hecho mismo de que este proceso se de en plena pandemia.

La batalla que sigue

De acuerdo con lo que nos confirmó integrante de la Alianza, Carlos Andrés Santiago, aunque desde el movimiento tienen varias objeciones contra aspectos puntuales de la regulación en discusión no enviaron comentarios a las resoluciones que salieron principalmente porque “no creemos en un buen fracking con mayores estándares ambientales o técnicos. Nuestra propuesta es prohibirlo, de ahí no nos movemos”.

Además, Santiago nos dijo que estos espacios no son legítimos porque limitan la participación y excluyen a las personas de las áreas de influencia que no tienen internet y que los argumentos en contra de la regulación los dejarán para posibles acciones jurídicas que están estudiando.

La abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente AIDA, y miembro del grupo del equipo jurídico de la Alianzamiembro de la Alianza, Juana Hofman, nos dijo que les parece inaceptable que el Gobierno “quiera avanzar en la regulación por encima de la gente”.

Pese a esto están analizando qué medidas tomar una vez se reactiven los términos de la justicia y revisan otras estrategias como promover debates de control político en el Congreso, seguir uniendo artistas y personalidades a su campaña de presión en la opinión pública, y alistan materiales de pedagogía en zonas de influencia de los proyectos pilotos, Barrancabermeja, Puerto Wilches y San Martín, que esperan implementar una vez la cuarentena se los permita.

“Ellos (el Gobierno) aprovechan este tiempo para avanzar en la regulación y nosotros también en afinar nuestras estrategias”, dice Santiago.

Según nos dijo Santiago, el objetivo es frenar el avance de los pilotos del fracking al menos hasta las elecciones del 2022, con la expectativa de que gane un presidente alternativo que termine por frenar definitivamente esta actividad.

En esta carrera contra el tiempo no es claro quién lleva las de perder. 

El Gobierno tiene tras de sí la motivación de poder garantizar a largo plazo que el país pueda seguir abasteciéndose a sí mismo de gas y petróleo, la plata de las regalías y de los impuestos que pueden generar estos proyectos, los intereses de las empresas petroleras afines a esta administración y la ventaja de que en este momento el tema no está en la agenda pública y puede avanzar sin mayor oposición ni movilización ciudadana.

Pero la gran desventaja es que estos procesos toman tiempo (entre la licencia ambiental, el desarrollo y la evaluación del proyecto piloto podría tomarse entre uno y dos años), más si son frenados por decisiones judiciales, como la que tomó el Consejo de Estado a finales de 2018 de frenar el decreto que reglamenta el fracking y que aún no se ha decidido de fondo. 

Y el movimiento antifracking tiene su principal motivación frenar el fracking, pues consideran que el riesgo ambiental no justifica ni siquiera desarrollar los pilotos; una base amplia de respaldo de organizaciones sociales que tienen la capacidad de movilizar gente, apoyos políticos en el Congreso y elecciones a la vista en las que esperan que, por tercera vez en una campaña presidencial; el fracking esté en el centro del debate.