Ayer en la noche el noticiero CM& reveló que el Consejo Político Nacional del Partido Farc expulsó a cuatro de sus integrantes más visibles. Al contrastar la noticia con los expulsados y el Partido, solo hay silencio.

A pesar de esa opacidad, queda claro que la división que hay en la colectividad desde hace tiempo es tan profunda que puede afectar su supervivencia.  

La opacidad

Consultamos a  siete de los once integrantes del Consejo Político Nacional sobre esta expulsión, pero no obtuvimos respuesta. 

La senadora Sandra Ramírez, uno de ellos, nos dijo que no se va “a pronunciar del tema hasta que no haya una comunicación oficial del Consejo” y que “esos son asuntos internos del Partido y que la información salió de otro lado”, sin dar más detalles.

Por su parte del senador Carlos Antonio Losada, también miembro del Consejo, dijo que “no iba a hablar mal de sus compañeros” y que no se iba a pronunciar. 

Desde la oficina de prensa de la colectividad nos dijeron que no tienen una confirmación oficial y que lo que salió en los medio son “chismes”. 

Ninguno de ellos negó el hecho, lo que deja claro que sí hay algo y que la pelea es fuerte.

El silencio no es solo de un lado. 

Uno de los supuestos expulsados, Fabián Ramírez, nos dijos que no ha sido notificado de la expulsión y por eso no se pronunciaría. Algo similar nos dijo Andrés París, otro supuesto expulsado. 

En todo caso, hay un antecedente que sustentaría esas suspensiones: un documento que está rondando en chats de exguerrilleros y periodistas, fechado el 24 de marzo y firmado por el Comité Ético del Partido.

En él, se recomienda al Consejo Político sancionar a algunos militantes y expulsar a los cuatro dirigentes: 

  • José Benito Cabrera, ´Fabián Ramírez´, excomandante de Bloque Sur, porque “no ha vuelto a participar de ninguno de los espacios internos como partido” y por motivar “una reincorporación paralela al Proceso de Paz y a las orientaciones del partido, suplantando además los lineamientos y orientaciones del Partido Farc en sus conversaciones con el Gobierno”.
  • Benedicto de Jesús González, exrepresentante a la Cámara,  por “el rechazo y oposición, ante cualquier orientación emanada de la dirección del Partido, motivando e impulsado la división del Partido”; 
  • Jesús Emilio Carvajalino, ‘Andrés París’, miembro de la dirección del Partido, por su “interés de dividir el Partido y las instancias que lo componen”; 
  • Ubaldo Enrique Zúñiga ‘Pablo Atrato’, expresidente de la Cooperativa Ecomún, porque “se evidencia la campaña de desprestigio al Partido y a la dirección por parte de este militante”.

Al menos tres de ellos (todos menos Atrato) han sido muy críticos a la línea del presidente del Partido, Rodrigo Londoño, como lo hemos contado en varias historias, y han impulsado un cambio en la dirección. 

Ramírez y París, además, hacen parte de Corporeconciliación, una organización de excombatientes que quieren apostar la reincorporación por fuera del Partido y de la cooperativa creada en el Acuerdo para promover proyectos productivos, Ecomún.

Benedicto es más radical en sus posturas y ha sido cercano a la línea política del hoy disidente Iván Márquez. Además, ha sido duro crítico a la implementación de los Acuerdos y a la gestión de Londoño como cabeza del Partido. 

Por eso, si las expulsiones son ciertas, demostrarán que la división que ya tiene golpeado al Partido y a sus bases, sigue produciendo grietas.

Según un exguerrillero con el que hablamos que está en el espacio territorial de Manaure en César y que nos pidió no ser citado para no meterse en la pelea, la supuesta expulsión le deja un muy mal sabor. 

“No la comparto porque se está tramitando erradamente las diferencias y la división del Partido (…) Un lío es que tenemos pocos canales para tramitar la crítica, estatutariamente están, pero no se utilizan, no están lo suficientemente legitimados.  Además, no es pecado querer cambiar de presidente, pero unos lo ven así”, dijo. 

Ese exguerrillero agregó que no apoya enteramente las críticas de los cuatro, y por ejemplo no está de acuerdo con el proyecto de incorporación alterna de Ramírez y París, pero sí cree que se debe cambiar la dirección del Partido para darles oportunidad a otros. 

Justamente la definición de las fuerzas políticas internas se deben definir en una Asamblea Nacional de los Comunes este año, en la que deben elegir directivas y la línea a seguir en los próximos años, que son de vida o muerte para el Partido que solo tiene asegurada su personería jurídica, y sus 10 curules, hasta 2026.

Sobre todo porque quienes lo dirigen pueden entregar avales para las elecciones de 2022 y 2023, definirán las alianzas o no para las mismas, manejarán el presupuesto que hasta el 2026 será de 239 mil 400 millones (esta cifra incluye el pago a sus diez congresistas y sus equipos) y los proyectos productivos por medio de Ecomún. 

Si la expulsión se confirma, la balanza se puede inclinar hacia el sector oficial de Londoño al dejar por fuera del juego a sus críticos; si no, es posible que la noticia aliente incluso a los menos críticos a sacarlo del poder para evitar que decisiones como esas se tomen a futuro.

En todo caso, los supuestos expulsados tiene una carta jurídica con la que pueden jugar: por ley el Comité de Ética, el que recomendó expulsarlos en marzo, debe estar inscrito en el Consejo Nacional Electoral y el CNE respondió a González hace menos de un mes que no estaba inscrito. 

Por eso, los cuatro podrían apelar y meterse en un enredo legal sin perder su capacidad de estar en el Partido.

Mientras tanto, la colectividad que se creó después de 50 años de guerra para cambiar las balas por los votos, queda con un nuevo lío interno, ya de abogados, muy a la colombiana. 

Uno nuevo problema que se suma a su incapacidad de conseguir votos, a que apenas consiguieron dos concejales el año pasado, a su mala imagen, al asesinato de decenas de desmovilizados y a la sombra de la disidencia de Márquez.