El reto más grande que tiene el presidente Iván Duque para que le cuaje su receta de frenar la violencia en el Cauca es que el Ejército y los indígenas logren hablar el mismo idioma. 

Eso porque la relación de los indígenas con los militares está atravesada por una desconfianza que viene de años atrás y que tiene varias puntas.

Además porque los indígenas tienen autonomía en sus territorios: manejan su propia seguridad y el Ejército no puede entrar sin su permiso.

Pero también sin la fuerza armada es difícil frenar la espiral de violencia que los afecta por estar en la mitad de una ruta de narcotráfico en disputa de dos disidencias, el ELN, Los Pelusos y narcos internacionales, ya que, según sus cuentas, van más de cien asesinatos de líderes y pobladores en el último año y medio y ellos se protegen con bastones de mando.

La foto no es nueva


Con la tensa situación en el Cauca muchos han cuestionado a los indígenas por rechazar la presencia de las Fuerzas Armadas. Lo que pocos recuerdan es que ese rechazo tiene una razón de ser, o por lo menos así lo sugieren una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una de la justicia colombiana. La sentencia, de 2007, condena al Estado por el asesinato de Germán Escué Zapata, quien era Cabildo Gobernador del resguardo de Jambaló y fue asesinado por el Ejército en febrero de 1988.

Después de esa sentencia, la justicia colombiana condenó a dos militares por el asesinato que ocurrió cuando sacaron a Escué de su casa a la fuerza y luego lo asesinaron.Ese antecedente, sumado a otros como el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aída Quilcué y por el que fueron condenados seis militares, ayudan a entender la desconfianza que le tienen muchos indígenas caucanos a las Fuerzas Armadas.

El desorden del Ejército se cuenta en escándalos


La lista de “Oposición”

En su cuenta oficial de Twitter, el Ejército creó una lista -una opción que da esta red social para seguir de cerca los contenidos publicados por las cuentas que se escojan- en la que metió 34 cuentas de ONGs, periodistas, organizaciones sociales y políticos de izquierda.

El Ejército llamó a esta lista “Oposición” y en ella incluyó, entre otros, a los medios de comunicación Cuestión Pública y Colombia 2020 de El Espectador; a los periodistas Vicky Dávila, Gustavo Gómez y Salud Hernández; a los políticos Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Aída Avella; a la ONG Human Rights Watch, a su director José Miguel Vivanco y a la JEP; y a organizaciones como Ascamcat, la Onic y la Cric.

El hecho fue denunciado por Cuestión Pública y, horas más tarde, el Ejército sacó un comunicado pidiendo disculpas.

Dijo que la lista fue creada “para el monitoreo de las menciones o etiquetas de la cuenta sobre temas relacionados con el Ejército Nacional” y aceptó que “la denominación que se le dio al grupo de monitoreo fue un desacierto y una falta de criterio absoluto”.

Esta mañana, Caracol Radio reveló que la persona encargada de manejar las redes sociales del Ejército era “un teniente que ocupaba el cargo de jefe de Tecnologías de la Información y la Comunicación” y que, tras el escándalo, fue “apartado del cargo”.

El chance a José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández


En medio del escándalo del asesinado y cuestionado ganadero que estaba en la mira de las autoridades por presuntamente ser testaferro del detenido narcotraficante Marquitos Figueroa, el Ejército salió a responder por haberlo transportado en uno de sus aviones.

En respuesta a la denuncia que hizo la semana pasada el periodista Julián Martínez por medio de su cuenta de Twitter, el Ejército aceptó que, el 9 de marzo del año pasado, lo llevó en uno de sus aviones de Aguachica a una reunión que había de comerciantes y ganaderos en la Cámara de Comercio de Valledupar.

Explicó que lo hizo porque el Ñeñe mismo lo pidió y, dado que el comandante de la Quinta Brigada también asistiría a esa reunión, decidió darle el chance.

En todo el comunicado, el Ejército recalca en varias ocasiones que, para ese momento, Hernández “era reconocido por la sociedad como un empresario” e incluso afirma que venía de “una familia tradicional del Cesar”, no como un presunto aliado de Marquitos Figueroa.

Sin embargo, ya para ese momento la Dijin había intercepatado algunas llamadas del Ñeñe en las que habla, entre otras cosas, de caletas que tendría en propiedades de los Ochoa y, para ese momento, en el Cesar ya se rumoraba sus vínculos con el detenido narcotraficante.

Las chuzadas ilegales a magistrados, periodistas y políticos


Hace casi dos meses, Semana reveló que el año pasado batallones de ciberinteligencia (Bacib) -que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi)- del Ejército chuzaron a periodistas, políticos y magistrados desde dos guarniciones militares.

Entre las personas espiadas estaba la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, quien hasta mayo tuvo en sus manos la investigación por falsos testigos del expresidente Álvaro Uribe. La revista asegura que esta información iba para “un reconocido político del Centro Democrático”, cuyo nombre nunca reveló.

Tras las denuncias en redes sociales de que este político era el Expresidente, Semana sacó un comunicado aclarando que en ninguna parte del artículo se dice que esto sea así.

El ministro de Defensa Carlos Holmes se enteró de esta situación en diciembre y, según la revista, esto fue lo que causó la salida del general Nicacio Martínez en diciembre del año pasado, pese a que el presidente Iván Duque aseguró que se iba del cargo por razones personales y le hizo homenaje en el que le agradeció “por tantos años de entrega al servicio de la patria”.

7 soldados violan a una menor indígena


Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en Risaralda aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa.

La niña de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en Santa Cecilia (Risaralda) por siete uniformados del Batallón San Mateo.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, hizo pública la denuncia en la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.