Historias

La mata del progreso

La industria de cannabis medicinal tiene todo el potencial de jalonar el desarrollo rural en varios municipios. Por una hectárea sembrada se generan 16 empleos directos.

El presupuesto siempre es escaso. Pero lo es más en épocas de recesión económica, donde no queda otra alternativa que identificar sectores con gran potencial y volcar el funcionamiento del Estado a resolver y agilizar sus problemas regulatorios. Es decir, poner a los funcionarios a que, mediante palabras y firmas, resuelvan problemas que impiden fomentar y aumentar las inversiones privadas. Por eso se destaca que el Gobierno Nacional declarara “proyecto de interés nacional estratégico” -Pine- a la industria del cannabis medicinal.

Esto significa que se priorizará la solución a los cuellos de botella que detienen el crecimiento del sector. Para esto se trabajará de forma mancomunada con las empresas Clever Leaves, Khiron y Pharma Cielo; empresas que ya operan en Colombia y que han hecho importantes inversiones. Para entender la magnitud, Fedesarrollo estimó la inversión para el acondicionamiento idóneo de una hectárea bajo invernadero entre 300 mil y 400 mil dólares.

Sería un sinsentido que el gobierno no diera este paso. Colombia tiene condiciones idóneas para atraer y aumentar la inversión a este sector. En primera medida, el país cuenta con las condiciones climáticas necesarias (temperatura y luminosidad), la infraestructura y la mano de obra para el buen desempeño del sector, además de la presencia robusta de la industria farmacéutica.

En segunda medida, Colombia ha aprobado un marco regulatorio a través de la ley 1787 de 2016 y los decretos 780 de 2016 (Título 11), 613 de 2017 y 631 de 2018. Este marco, precisamente, ha atraído estas inversiones desde hace tres años.

Pero la dinámica de los negocios va a una velocidad muy superior a las regulaciones o a la capacidad institucional para otorgar permisos y licencias. Es acá donde cobra relevancia la noticia que este sector sea un Pine.

Los beneficios de desarrollar la industria del cannabis medicinal significarían: inversión privada, generación de empleo formal, exportaciones, transferencia de conocimiento. Vamos a las cifras.

En primera medida el crecimiento mundial de su demanda es exponencial: se estima que es un mercado que pasará de los $12 mil millones de dólares en 2018 a $166 mil millones de dólares en 2025 (Fuente: Euromonitor).

Esto implica una oportunidad de crecimiento exponencial del número de hectáreas en Colombia, lo que se traduce en un incremento de la inversión privada y la generación de empleo. Se estima que por una hectárea sembrada se generan 16 empleos directos. Según proyecciones de Fedesarrollo, estos serían los beneficios para Colombia en 2025 y 2030:

 

2018

2025

2030

Hectáreas cultivadas

56

449

1.558

Empleos agrícolas

975

7.772

26.968

Empleos totales

1.510

12.031

41.748

Ingresos totales producto transformado (Millones US)

$99

$791

$2744

Participación Colombia

0,8%

0,5%

 

También resulta importante destacar que se han aprobado 33 licencias en municipios Pdet, lo que significa que, al ser el cannabis medicinal un producto de alto valor, se convertiría en el motor para elevar la calidad de vida de estos municipios. Sería un sinsentido que, por la falta de coordinación o/y capacidad institucional, se pierda esta oportunidad.

Al ser un Pine se prioriza la respuesta interinstitucional a las necesidades del sector. Suena a perogrullada que los ministerios y entidades adscritas estén, en teoría, coordinados y halando hacía el mismo lado, pero en la práctica, en el funcionamiento burocrático, esta coordinación poco se da.

Ejemplos de lo anterior hay muchos, pero tal vez el más diciente ocurrió en el Gobierno de Santos: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en la ronda 2014, adjudicó bloques para la exploración de Yacimientos no Convencionales lLéase “fracking”) sin que existiera un marco regulatorio ambiental para ellos. Una descoordinación absoluta que espanta a cualquier inversionista.

Por eso, que este sector sea un Pine es un acierto del gobierno. Para el desarrollo de este sector resulta fundamental el compromiso del Gobierno Nacional, pues este sector depende de: i) la aprobación oportuna de regulaciones que se ajusten a la dinámica del negocio; ii) una pronta capacidad de respuestas en licencias y autorizaciones. Por ejemplo, en Colombia, por la ausencia de regulación para cultivar y exportar la flor seca del cannabis, los inversionistas deben irse a otros países. 

El gobierno tiene poco margen de maniobra: la relación entre problemas por resolverse y presupuesto para hacerlo no invita al optimismo. Como alternativa está la figura del Pine, para poner a trabajar a la burocracia, orientar parte de su funcionamiento en cuidar las inversiones y hacerlas crecer (siempre y cuando se respeten las normas ambientales y laborales).

Es menos complejo que un inversionista que ya apostó por el país lo siga haciendo, que intentar convencer a uno nuevo. Ante una inversión pública incipiente en el sector agropecuario, la inversión privada es fundamental para su desarrollo. No se puede permitir que, por burocracias y leguleyadas, se pierdan oportunidades. Es el momento de la mata del progreso.

Nota: El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena será el encargado de este tema. Por ello, el gobierno lo designó como Ministro Ad Hoc de Comercio, Industria y Turismo. Esto a causa de que José Manuel Restrepo, el Ministro titular de MinCIT, se declaró inhabilitado por tener inversiones en el sector.

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