Historias

¿En 2020 ocurrieron 147 masacres?

Los indígenas Fernando Tróchez Ulcué, David Tróchez, Emerli Bastos Ulcué y Carlos Alfredo Escué Ulcué fueron asesinados el 5 de diciembre de 2020 en el resguardo de Munchique Los Tigres, ubicado en la vereda Gualanday, del municipio de Santander de Quilichao, norte de Cauca. Sus verdugos se desplazaban en motos portando armas de fuego. “Los sicarios [tenían] rango de edad muy bajo, es decir, casi que adolescentes… sí, adolescentes”, recuerda un miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien, por razones de seguridad, pidió el anonimato.

Esa es una de las tantas masacres ocurridas en el país durante 2020. En ellas no sólo se destaca la juventud de los victimarios, sino la sevicia en la ejecución de los hechos violentos.

“Las masacres son delitos atroces que rasgan los tejidos sociales, que amedrentan las comunidades, que violan el DIH (Derecho Internacional Humanitario), que generan desplazamientos forzados, destruyen familias y que convierten en víctimas del conflicto armado a personas que eran visibles en su comunidad como líderes o lideresas. Las masacres amenazan toda posibilidad de construir paz”, explica Michael Monclou, investigador de Justicia Transicional de la organización Dejusticia, quien, de paso, propone  que la complejidad de la violencia en Colombia debe estudiarse de manera diferenciada, desde el departamento, el municipio y la vereda.

Pese a la atrocidad de este crimen, cuyos ataques son reportados por las comunidades y la prensa, las cifras no cuadran entre los organismos estatales. Ante una consulta realizada por VerdadAbierta.com el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Defensa respondió que entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2020 ocurrieron 26 acciones armadas que dejaron 131 víctimas.

Este Ministerio, de acuerdo con la metodología adoptada desde el año 2000, sólo contabiliza casos de masacres, u homicidios colectivos, como son llamados por las autoridades, en los que mueren cuatro personas o más.

Las cifras de esta cartera ministerial difieren con las registradas por la Fiscalía General de la Nación. Este portal le consultó al ente acusador cuántos casos tenía bajo investigación y si bien reportó 38 hechos, siguiendo la metodología de casos de cuatro o más víctimas, al revisar la documentación que suministró, este portal encontró inconsistencias y estableció que, realmente, investiga 40 “homicidios múltiples” ocurridas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en las que habrían perdido la vida por lo menos 207 personas.

Si bien los registros entre una y otra entidad difieren en un mes y la Fiscalía tiene 14 casos más que la cartera de Defensa, esa cifra no se puede atribuir a hechos sucedidos en el mes de diciembre, por cuanto, según el seguimiento realizado por este portal, en el último mes del año ocurrieron seis matanzas con cuatro o más víctimas cada una.

En cuanto a los casos de “homicidios múltiples” que dejan tres víctimas, las cifras de la Fiscalía también revelan inconsistencias. Si bien reportó 106 hechos, la revisión de este portal arrojó que sus funcionarios investigan 107 “homicidios múltiples” en lo que habrían muerto por lo menos 411 personas.

De acuerdo con fuentes del ente acusador, sus investigadores procesan de manera diferente aquellos hechos violentos que dejaron tres víctimas y los que ocasionaron la muerte de cuatro o más personas.

Desligando los hechos de valoraciones metodológicas y si se toma como definición de masacre el asesinato de por lo menos tres personas en circunstancias similares de tiempo y lugar, el ente acusador investiga 147 casos ocurridos en 2020, una cifra que supera, incluso, la compilada por este portal en sus registros periodísticos y por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, que, en general, promediaron los 92 casos.

Diferencias conceptuales

El término “homicidio colectivo”, como lenguaje técnico para referirse a este drama, no logra atenuar la gravedad del panorama. “Masacre” tiene una definición internacional, que establece su ocurrencia en tres o más víctimas, ocasionadas por un mismo actor en un mismo lugar, y un gran impacto en la opinión pública, dentro de la cual se ha gestado el temor de que vuelvan los peores años del conflicto armado.

Expertos consultados para este reportaje explican las masacres de 2020 bajo unas nuevas dinámicas de fragmentación del conflicto armado, distinto al observado a finales de la década de los noventa y comienzos de la primera década del siglo XXI.

Kyle Johnson, cofundador e investigador de la organización Conflict Responses (Core), considera que existen, por lo menos, tres grandes categorías para abordar las dinámicas de violencia en las que tuvieron lugar las masacres de 2020.

Primero: las que se enmarcan en conflicto armado, posible conflicto armado o en la que se involucra un actor armado contra el cual el Gobierno reconoce estar en conflicto. “Esas son las masacres que tienen que ver con disputas en el territorio entre los grupos armados ilegales, bien sea como en el Bajo Cauca entre ‘Caparrapos’ y las Agc; en el Cauca, en algunos casos, no todos, entre el Eln y el (grupo disidente de las Farc) Carlos Patiño; bien sea en Nariño entre los varios grupos armados que existen en el departamento; lo que son el Bajo Putumayo y el Norte de Santander”, explica Johnson.

Segundo: las masacres que no pueden ser fácilmente vinculadas con algún actor armado. Acá entran algunas disputas por las ciudades, pero que no se vinculan a primera vista con el conflicto armado. Es el caso de algunas masacres en Quibdó, Santa Marta y otras poblaciones de la costa Atlántica, algunas de estas son “masacres por la cantidad de víctimas —explica Jhonson—, pero no son masacres dentro del imaginario clásico, tradicional colombiano, dentro de grupo armado, uniformado, matando gente”.

Tercero: las que involucran a agentes del Estado, como lo fueron los asesinatos en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre, a raíz de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía.

“Al utilizar el término ‘homicidios colectivos’ en lugar de masacres, el gobierno nacional no solamente opaca la medición y realidad de los hechos, sino que pareciera como si quisiera fracturar la memoria sobre la violencia en Colombia y desligarse del terrible pasado y del terrible presente”, asegura Monclou, de Dejusticia.

Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los departamentos con los índices más altos. Según la base de datos de este portal, los municipios y ciudades con los números más altos de masacres son Cúcuta (5 masacres, 26 víctimas), Tumaco (3 masacres, 14 víctimas), Cáceres (3 masacres, 10 víctimas), Caucasia (3 masacres, 10 víctimas), Samaniego (2 masacres, 12 víctimas), Bogotá (2 masacres, 12 víctimas), Buenos Aires (2 masacres, 9 víctimas), El Tambo (2 masacres, 9 víctimas), Jamundí (2 masacres, 9 víctimas), Tibú (2 masacres, 9 víctimas), Argelia (2 masacres, 8 víctimas).

De las 92 masacres que registra este portal, 51 de ellas (55,4 %) tienen tres personas como víctimas; 21 (22,8 %) a cuatro víctimas; nueve (9,7 %) a cinco víctimas y siete (7,6 %) a seis víctimas. Más de la mitad de las masacres documentadas no son contempladas por el Ministerio de Defensa por no tener cuatro o más víctimas.

Estos cinco departamentos tienen en común que “son territorios fuertemente azotados por diferentes circuitos de la cadena del narcotráfico, principalmente cultivos de hoja de coca y de marihuana, como se puede apreciar en Cauca y hay algunas rutas asociadas al narcotráfico, pero también hay que decirlo, no sólo es actividad del narcotráfico, aquí hay varios elementos que se superponen”, afirma Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de derechos humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

“No volvieron”

Durante el 2020, tomó fuerza la frase “volvieron las masacres”; sin embargo, el escalonamiento de la violencia no puede compararse con el recuerdo del año 2000.

La mayoría de las masacres ocurridas en los inicios del presente siglo podían explicarse, de manera nacional, como enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y cierta cooperación de agentes del Estado.

Veinte años después no es viable aplicar ese relato. Así lo considera Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). A su juicio, el contexto local es fundamental para entender cada una de las masacres bajo sus propias dinámicas. Un contexto en el cual la identificación de los autores, en la mayoría de los casos, es ‘desconocido’.

Si bien hay varias regiones del país que tienen grupos armados organizados, uniformados, con armas largas —como se evidenció el 23 de diciembre en el municipio de San Sebastián, en el sur de Cauca, cuando se observó que varios hombres armados hicieron presencia en el centro poblado a plena luz del día—, en muchos casos las masacres se presentaron bajo la apariencia de ataques sicariales.

“Creo que eso es una parte que refleja más la adaptación de los grupos armados al contexto en términos de, uno, accionar del Estado y, dos, accionar de los otros grupos. Refleja un aprendizaje de cómo mantener el control del territorio con el menor riesgo posible”, sostiene Kyle Johnson y además, considera, es el reflejo de que los grupos armados en Colombia no tienen un control territorial militar consolidado, en parte porque no son capaces de evitar que el Estado actúe en su contra en algunas regiones.

“Para mí no ‘volvieron las masacres’ por una razón muy sencilla: aunque bajaron la cantidad en los últimos años, nunca se fueron”, puntualiza el investigador de Core. “La masacre es un aspecto fundamental de cómo se ejerce la violencia tanto criminal como política. En Colombia nunca se fueron. Creo que es un poco injusto con las familias de las víctimas de las masacres recientes del 2015, 2016, 2017 al decir ‘volvieron las masacres’”.

Lo que sí es cierto es que las masacres volvieron a ser más frecuentes, por ende los medios les dan mayor cobertura y la sociedad civil rechaza ese tipo de acto violento. “Yo creo que había cierto silencio durante el gobierno de Santos justo sobre estos temas por el tema de la paz, que no podemos desconocer ahora y una parte fueron esas masacres que siguieron ocurriendo en menor medida”, sostiene Johnson.

Una de estas masacres ocurrió el 5 de octubre del 2017, en la vereda El Tandil del municipio de Tumaco, Nariño, en la que perdieron la vida siete campesinos que protestaban contra la erradicación forzada de  hoja de coca para uso ilícito. La Fuerza Pública sería la presunta responsable de la masacre. Tres años después, aún no hay una condena o sanción.

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