Historias

La crisis institucional y social que azota a San Andrés

Foto El Tiempo

Desde el fin de semana los ojos del país están puestos en las islas de San Andrés y Providencia por los daños causados por el huracán Iota, que alcanzó la categoría quinta, algo inédito para el país. 

Desde el sector público y privado se han puesto a disposición ayudas humanitarias para los isleños.

Pese a que esas ayudas significan un alivio en el corto plazo, los problemas estructurales siguen presentes. Y aunque el presidente Iván Duque se comprometió a trabajar para solucionarlos cuando fue a San Andrés en su primer día completo como presidente (8 de agosto de 2018), los resultados siguen lejos. 

Así van los seis principales problemas del archipiélago que identificamos en ese momento:

El hospital seguía en crisis

El archipiélago solo tiene un hospital de tercer nivel, el Clarence Lynd Newball Memorial. En 2018 la situación era tan precaria que no tenían sábanas con qué atender a los enfermos, y los medicamentos y los alimentos eran inconstantes. 

Más de dos años después, y antes del golpe por Iota, la situación seguía siendo crítica. 

En junio los médicos entraron en cese de actividades porque les debían hasta ocho meses de sueldo. En su momento la directora de Sermedi (la IPS dueña del hospital),  Yudi Gallego, dijo que no le habían pagado porque no las EPS y de la Secretaría de Salud les debían plata. 

Es decir, la propuesta de cerrar esas deudas con el famoso punto final de Duque no se ha cumplido en la isla.

A principios de octubre el hospital se inundó tras un aguacero y el procurador delegado para la salud, Gelman Rodríguez, aseguró en RCN Radio que su infraestructura “es absolutamente vulnerable, lo vimos ayer tras un aguacero en donde entraba el agua como si esto no tuviera techo”.

Rodríguez también señaló, en medios locales, que tres días después de construir una unidad de cuidados intensivos (UCI) ya no se podía utilizar, por lo que abrió un proceso disciplinario por sus costos. “Usaron, seguramente, materiales de deficiente calidad lo que hace que no sea posible seguir usando esa UCI por el riesgo a la generación de bacterias porque no se pudo hacer una limpieza adecuada y por el levantamiento del piso”, dijo.

Además, remató aclarando que el hospital no tiene el personal suficiente para atender las 17 camas UCI que envió el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del covid. 

En Providencia la situación es todavía más preocupante porque solo cuenta con un hospital de primer nivel, por lo que cualquier paciente grave tiene que ser enviado en avión o lancha a San Andrés; y el huracán lo dejó sin techo. 

La situación del sistema de salud fue alertada en agosto del año pasado por la  Asociación Sindical de Médicos de Colombia (Asmedas), seccional San Andrés, cuando le envió al Ministerio de Salud una denuncia por 38 irregularidades en la prestación del servicio de salud en el hospital y en la isla.

La inestabilidad política no cesa

En 2018, cuando Duque visitó San Andrés, el gobernador liberal Ronald Housni estaba suspendido de su cargo. En 2019 un juez lo condenó a 15 años de cárcel por corrupción por la celebración indebida de contratos. 

En las elecciones regionales del año pasado se dio un cambio de poder con la elección de Everth Hawkins, avalado por firmas y los partidos ASI, Cambio Radical y Colombia Renaciente, y con el apoyo del representante charista Jorge Mendez. 

Con tan solo nueve meses de mandato, un juez aceptó suspenderlo por irregularidades en un contrato de publicidad para mitigar el covid y el Gobierno nombró como gobernador encargado a Alen Jay Stephens, quien era su secretario de Infraestructura. 

Aunque eso no depende directamente del Gobierno Nacional, afecta la gobernabilidad del archipiélago y sigue tan mal como cuando Duque llegó.

Nada que hay agua suficiente

La falta de acceso a agua potable ha sido uno de los lastres históricos del archipiélago. De acuerdo a las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación (2016), el 68,9 por ciento del departamento no tiene acceso al acueducto.

Después de Guainía, es el segundo departamento del país con menor acceso a agua potable.

Acá hay un avance claro: desde que inició el Gobierno Duque, se han instalado 27,5 mil metros de tuberías y se han construido más de 3 mil redes de conexión domiciliaria. Según la Consejería para las Regiones, eso equivale a una ampliación de la cobertura cercana al 25 por ciento, con la normalización de 770 nuevos usuarios. 

Aún así, ese avance es pequeño: según le dijeron a La Silla dos fuentes en la isla, a la mayoría de personas solo le llega el agua potable cada 15 días y durante 8 horas.

La violencia aumenta

En 2018, la Defensoría del Pueblo alertaba por la llegada de bandas criminales a la isla y la violencia estaba en aumento, porque había pasado de 11 homicidios en 2016 a 22 en 2017. 

Según datos de Medicina Legal en 2018 hubo 28 homicidios y, tras una reducción de 23 homicidios en 2019, este año ya va en 30. Según las autoridades, la violencia está ligada al tráfico de droga.

Se redujo la pobreza… pero la pandemia los golpea

Según el último informe del Dane la pobreza multidimensional, que históricamente ha sido mucho más baja que el promedio nacional, se redujo de 8,5 a 8,2 por ciento entre 2018 y 2019.

No obstante, durante la pandemia el archipiélago fue uno de los lugares más golpeados del país porque el turismo, que estuvo parado durante más de cinco meses, mueve el 80 por ciento de la economía de la isla, según datos de la Gobernación.

De hecho, según el último informe del Dane, la tasa de desempleo se duplicó de 8,4 por ciento en promedio de marzo a agosto de 2019, a 16,5 en el mismo periodo de 2020. 

Para septiembre la Cámara de Comercio reportó el cierre de 193 empresas, equivalentes a 4.520 nuevos desempleados.

Además, cuando se empezó a activar el turismo en el país, en septiembre, los casos comenzaron a aumentar en el archipiélago.

Los residuos siguen contaminando

Meses antes de que Duque llegara a la Presidencia, la Contraloría publicó un informe señalando problemas de tratamiento residual. Entre ellos, que el único relleno sanitario en San Andrés, ‘Magic Garden’, está llegando a su tope. Y, como no hay otro lugar en donde deshacerse de los residuos sólidos, hay riesgo de una emergencia sanitaria.

En junio de este año la Contraloría prendió otra alerta, más grave: ‘Magic Garden’ sobrepasó su capacidad y la Gobernación lleva más de dos años sin cumplir su obligación de actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Incluso, la corporación ambiental Coralina la multó por eso. 

En abril hubo un incendio en el relleno, que afectó el ambiente y la salud de 125 familias del sector. 

Esto pese a que en marzo del año pasado el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, fue a San Andrés a presentar el proyecto de una Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos para ampliar la vida útil del relleno ‘Magic Garden’ a 25 años. 

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