Historias

‘Licencia para matar’: los años récord de brutalidad policial en Colombia

Un año después de la muerte de Dilan Cruz en medio de una jornada de protestas en Bogotá, por el disparo del capitán del Esmad Manuel Cubillos, la familia sigue insistiendo en que su caso sea juzgado por la justicia ordinaria. Sin embargo, tras las investigaciones de la Fiscalía tampoco se ha condenado a una sola persona por brutalidad policial en casi cinco años.

A través de varios derechos de petición, se le pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá información sobre los avances de los procesos por abusos policiales en Bogotá desde 2016 hasta lo corrido de 2020.

Los datos reflejan que, de las 7.491 denuncias por abusos policiales que han llegado a la Seccional de la Fiscalía en Bogotá en ese lapso, ni una sola ha llegado a etapa de imputación. En otras palabras, ninguna ha avanzado ni siquiera a la etapa en la que la Fiscalía vincula formalmente a un sospechoso. Mucho menos, se ha pasado a ir a juicio. 

Solo un pequeña proporción de los casos que llegaron a la Fiscalía fueron remitidos como compulsas por otras autoridades; la gran mayoría son denuncias interpuestas por quienes directa o indirectamente tienen información de los abusos, lo que indica que alguien se tomó el trabajo de poner la denuncia formalmente.

El 69 por ciento de estos procesos ni siquiera están ya activos. Esto puede ser porque fueron enviados a justicia penal militar o porque fueron archivados porque se consideró que no había delito o porque no se pudo encontrar a un sospechoso.

La Policía no nos contestó un derecho de petición pidiéndole información sobre los procesos internos disciplinarios que lleva por abuso policial.

A los casos de brutalidad policial en la Procuraduría no les va mejor que en la Fiscalía: el Ministerio Público reporta 3.272 denuncias desde 2016 hasta el 18 de septiembre de 2020. De estos, solo uno llegó a un fallo disciplinario en contra, dos casos terminaron en absoluciones y 113 han sido archivados. 

En conclusión, la brutalidad policial en Colombia, a la luz de los datos, termina en la impunidad. 

Esto, de acuerdo con expertos, responde a factores como la falta de información para individualizar a los responsables y la descoordinación entre las instituciones encargadas de investigar los hechos. También, porque las víctimas suelen ser jóvenes de barrios populares, con nadie que interceda por ellos.

Información clara: la mayor dificultad

La capacidad del sistema para evitar la impunidad de los abusos policiales se ha puesto a prueba cada vez más con las protestas de noviembre de 2019, en las que un capitán del Esmad asesinó a Dilan Cruz, y las de septiembre del año pasado, que se desataron luego de que la Policía mató al estudiante de derecho y taxista de 43 años Javier Ordóñez, y en las que luego murieron 10 personas, varias de ellas, por disparos de la Policía.

Según el último informe mensual que la Fiscalía remitió al Tribunal Superior de Bogotá sobre el avance de las investigaciones -en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de septiembre de este año que protegió el derecho a la protesta-, en el marco de las manifestaciones de hace un año abrió 37 noticias criminales contra el Esmad y la Policía en Bogotá, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones personales.

La cifra se duplica con las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá, por las cuales la Fiscalía recibió 79 denuncias. Los delitos también aumentaron. Esta vez, incluyeron homicidio, amenazas contra defensores de derechos humanos, empleo ilegal de la Fuerza Pública, hurto, injuria y violación de los derechos de reunión.

Los avances, sin embargo, son nulos. La Fiscalía reporta que ninguno de los casos, tanto del 2019 como de lo corrido del 2020, han llegado a imputación de cargos. 

Existen varias razones para la falta de resultados. 

Un delegado de la Policía que ha defendido a víctimas de abuso policial y ahora a uniformados acusados dijo que no es fácil saber cuántos o quiénes son los miembros del Esmad que salen a controlar una protesta. Tampoco hay un control externo que haga verificación de las armas y municiones que se van a usar. 

“Entonces, el mayor soporte del caso termina siendo el testimonio de la víctima”, dijo la fuente, que pidió no ser citada.

Alejandro González, investigador del área de Litigio en Dejusticia que ha trabajado sobre abusos policiales en protestas, dijo que en ese contexto uno de los principales obstáculos es identificar al policía o miembro del Esmad por el número que cada uno debe llevar en su uniforme. Esto es difícil por el desorden propio de la protesta y porque, como sucedió en las movilizaciones de septiembre, en ocasiones los uniformados los ocultan, por ejemplo, poniéndose la chaqueta al revés u otra prenda sobre el uniforme. 

Por eso, cuando se logra identificar al policía que cometió un abuso es porque alguno de sus colegas lo delata, lo cual casi nunca sucede. 

De hecho, puede pasar lo contrario. Quienes denuncian e investigan estos abusos terminan siendo víctimas de hostigamiento por parte de los mismos miembros de la Policía, como le pasó al Capitán a cargo de la investigación del caso de Javier Ordóñez, quien fue víctima de amenazas en redes sociales por algunos de sus compañeros.  

Otra dificultad es la forma en la que se lleva el registro de los presuntos delitos. 

Alejandro Lanz, investigador de la organización Temblores, una ONG que ha denunciado el abuso policial desde hace tres años, dijo que cuando investigan delitos “no hay congruencia entre las categorías para la clasificación de un delito entre una entidad y otra. Hay demoras en la entrega de la información o está incompleta”.

Una dificultad adicional para que procesos por delitos como lesiones personales se concreten es el mandato del uso legítimo de la fuerza de la Policía, que les da un margen de acción discrecional para usar la fuerza bajo unos principios de proporcionalidad y necesidad que son en todo caso subjetivos.

“Tiene que ser un caso muy grave y mediático para que termine en sanción, como el de Javier Ordóñez”, dijo una penalista que ha seguido casos de este tipo y que prefirió mantener su nombre en reserva.

Pero el hecho de que un caso sea muy mediático tampoco es garantía de que se haga justicia. 

En el caso de Nicolás Neira Álvarez, un joven de 15 años que murió en 2005 a manos de un miembro del Esmad mientras participaba en la protesta del 1 de mayo, el Estado fue condenado por el crimen por el Juzgado Administrativo de Bogotá, el cual le ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía reparar económicamente a la familia de la víctima.

Sin embargo, hasta ahora solo uno de los responsables fue condenado porque confesó haber encubierto el crimen. Pero los agentes que coordinaron dicho encubrimiento, y que según la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia intentaron entorpecer el proceso, siguen libres. 

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