Historias

Amenazas y controversias: los riesgos siguen activos en Sucre

Sucre está ubicado en el norte del país, con salida al mar Caribe por los municipios de San Onofre, Tolú y Coveñas, y hacia el sur, donde integra la Depresión Momposina, confluyen grandes ríos como el Magdalena, el Cauca y el San Jorge. Esta riqueza hídrica convierte al departamento sucreño en una de las despensas agrícolas más importantes del país y en una ruta estratégica para el desplazamiento de grupos armados ilegales y sus economías.

La conexión con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar no solo ha generado la expansión de grupos armados ilegales y la violencia que traen, sino también la creación de rutas del narcotráfico por las vías fluviales. Según el Informe de Riesgo 042-17 de la Defensoría del Pueblo, “el dominio sobre (los municipios de) Guaranda y Majagual, permite al grupo armado ilegal hegemónico (las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)), controlar las rutas del narcotráfico y de otras economías ilegales entre los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia, a través del intrincado sistema de caños, ciénagas y arroyos que comunica a los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge”. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 003-20, referenció otra ruta del narcotráfico que inicia en San Jacinto del Cauca (Bolívar), pasa por San Benito Abad buscando la salida por el mar y cruza las sabanas hasta llegar al golfo de Morrosquillo (San Onofre). Aunque Sucre es clave, por su conexión hídrica, para la movilidad del negocio del narcotráfico, los líderes y lideresas sociales y según el Observatorio de Drogas de Colombia, no se registra presencia de cultivos de hoja de coca en el departamento.

Todo este engranaje hídrico utilizado para el narcotráfico está bajo el mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o, como son conocidas en el departamento, ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Urabeños’. La presencia de este grupo armado se ha fortalecido desde el 2013 en la región de la Depresión Momposina, año en el que se consolidó como el actor armado imperante tras la disputa de Grupos Armados Posdemovilización de las AUC que surgieron en el periodo desde 2006 tras la desmovilización del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como bien lo documenta el Informe de Riesgo 042-17. A la fecha, las AGC condicionan a las comunidades a través del control del orden público, sanciones económicas —por eso se les llama la ‘DIAN rural’—, restricciones a la movilidad, aplicación de justicia, entre otros. Esta estructura ilegal tiene una alta presencia y dominio territorial en el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, áreas limítrofes con Sucre.

Los líderes y lideresas sociales también identifican la presencia transitoria del Ejército de Liberación Nacional (ELN) principalmente en los municipios de San Onofre, San Benito Abad, Guaranda y Majagual, generando riesgo a la población si esta se niega a prestar los servicios que soliciten. La Defensoría del Pueblo alerta que “la colindancia con las zonas de presencia del ELN en el departamento de Bolívar, hace que este riesgo se aumente por las incursiones esporádicas que hacen milicianos de esa guerrilla a los corregimientos y veredas de Guaranda y Majagual para reclutar adolescentes y jóvenes”.

El Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) o ‘Los Caparros’ hacen presencia en la parte sur del departamento de Sucre, y según los líderes y lideresas, existe una presunta alianza entre este grupo, las AGC y lo que se ha conocido como el ‘Cartel de Sinaloa’ —supuesta organización mexicana dedicada al narcotráfico señalada de controlar masivos cultivos de coca en Colombia— con incidencia en el sur del departamento de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

La presencia de estos grupos armados ilegales en el territorio y su fortalecimiento, debido a la ubicación geoestratégica, la conexión con otros departamentos y la pandemia, ha repercutido en las agresiones a los liderazgos sociales en Sucre. Con el fin de visibilizar la situación de los líderes y lideresas en el departamento, La Paz en el Terreno, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolló un ejercicio de cartografía social enfocado en ocho de los 26 municipios que componen el departamento de Sucre, que fueron priorizados por el alto número de agresiones registradas contra líderes y lideresas: Guaranda, Majagual, Sucre, San Benito Abad, San Marcos, Sincelejo, Coveñas y San Onofre.

Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2020 se registraron 47 agresiones a líderes y lideresas de los municipios investigados, y Sincelejo, la capital, concentra la mayoría de los casos (18), según un cruce de bases de datos realizado por La Paz en el Terreno con información de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e Indepaz-Marcha Patriótica. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Sucre afirma que “en Sincelejo, el tema de los liderazgos es fuerte porque la mayoría de las organizaciones se concentran allí, tienen medios y son más visibles” y resalta que los líderes y lideresas que hacen presencia en la capital tienen una inclinación al trabajo más político. Durante el ejercicio de mapeo, los liderazgos alertaron que aquellos hombres y mujeres vinculados al partido político Colombia Humana son foco de amenazas, entre ellos algunos docentes.

La región de La Mojana, en el sur del departamento, ha sido particularmente azotada por estas victimizaciones contra educadores. En julio de 2016, las autoridades del departamento prendieron las alarmas ante la proliferación de panfletos contra 35 docentes de los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre. En 2017, la Defensoría del Pueblo, a través de su Informe de Riesgo para la Subregión, señaló que varias de estas intimidaciones estaban fijadas contra profesores que promueven medidas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En 2018, maestros fueron amenazados por las AGC, quienes los acusaban de supuesto acoso sexual contra estudiantes. Para finales de enero de 2019, El Universal registró que al menos ocho casos de docentes y un directivo docente estaban amenazados, sin especificar el grupo o persona ni la naturaleza de las intimidaciones, en los municipios de San Marcos, Sucre, Majagual, Guaranda y San Onofre.

A la situación de La Mojana se le suma una tardía y limitada respuesta por parte de la Fuerza Pública a la hora de hacer frente a las AGC. Según el Informe de Riesgo 042-17, “la región —La Mojana— se encuentra alejada de los principales ejes viales de la Región Caribe, así como de los centros administrativos y políticos del departamento de Sucre, por lo que la comunicación y la capacidad de reacción inmediata de las autoridades regionales es tardía”. Sobre este punto son enfáticos los líderes y lideresas, pues además de resaltar las distancias, cuestionan los recursos y el número de miembros de la institución para atender las situaciones de la subregión.

Al respecto se le preguntó al Ejército Nacional, mediante derecho de petición, con cuántos hombres cuenta la institución para incidir en el departamento de Sucre, particularmente sobre la Mojana, y si las Fuerzas Militares cuentan con los instrumentos y presupuesto suficiente para movilizarse y garantizar seguridad en la región de la Mojana Sucreña. Sin embargo, el Ejército redireccionó el cuestionario al coronel de Infantería de Marina, Fernando Álvarez Martínez, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, pero, en la respuesta de la Marina explican, es la Brigada 11 del Ejército Nacional la que tiene jurisdicción en La Mojana Sucreña. Por tanto, el Ejército Nacional omitió la respuesta a esta pregunta.

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 indicó que en lo concerniente a extorsión y secuestro el Grupo Gaula Militar Sucre opera en los 26 municipios del departamento. La Paz en el Terreno se contactó con esta unidad de fuerza especial a finales de noviembre para una entrevista sobre la situación de orden público en el departamento, pero no respondió a los mensajes enviados.

Fuentes de las infografías: Cruce y análisis propio con información de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e Indepaz-Marcha Patriótica, agresiones documentadas entre el 27 de enero de 2017 y el 20 de octubre de 2020. Crédito infografías: gráfico El Espectador.

Con 21 casos, el 2018 se posicionó como el año con más registros de agresiones a los líderes y lideresas sociales: 16 amenazas, cuatro asesinatos y un atentado. Uno de los hallazgos de esta investigación es que a pesar de que las cifras disminuyeron con los años (ver la siguiente infografía), las agresiones a los líderes se volvieron más letales. De los 11 casos de asesinatos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2019 se tiene un solo caso, mientras que a octubre de 2020 la cifra aumentó a 6, es decir, el 55 % del total de este tipo de registros.

Los liderazgos más afectados, según los registros de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones Somos Defensores, Marcha Patriótica-Indepaz y la Misión de Observación Electoral (MOE), son los de víctimas (13 casos), los comunitarios (10 casos) y los reclamantes de tierras (8 casos). De los 47 casos registrados por estas organizaciones, 13 son mujeres. Para las lideresas, el panorama no es esperanzador, porque “no hay garantías para ejercer el liderazgo de las mujeres, hemos sido muy victimizadas, se nos trata muy mal y siempre amenazan con hacer daño a nuestros hijos”, señalan. Algunas de las ofensas y comentarios que reciben son: “no tienen oficio”, “están buscando marido” o “están locas” y alertan que la mayoría de las amenazas llegan por medio de sus hijos y familiares.

Al revisar el cruce de bases de datos, el 2018 se alza como uno de los años con el historial más alto de agresiones contra lideresas en los municipios priorizados. De las 21 agresiones, 8 (38 %) fueron contra lideresas. Esta comparación porcentual es mayor a la registrada en todo el territorio nacional. Para ese año, Somos Defensores registró en todos los departamentos 805 agresiones contra el liderazgo, de los cuales 235 fueron contra mujeres (29 %).

Fuentes: Referenciado cruce y análisis propio de bases de datos.

Los liderazgos de la comunidad LGBTI+ son particularmente atacados en la región. “Existe una ola enorme de rechazo social”, alerta Juan Carlos Salas, vicepresidente de la organización Sucre Diversa. Es enfático en que personas del departamento y actores armados han arremetido contra personas LGBTI+, atentado contra sus vidas u obligándolos a abandonar sus municipios.

Además, identifica que persiste un subregistro en las victimizaciones acaecidas contra la comunidad LGBTI+ y sus líderes por el rechazo, la negación y la estigmatización provenientes de miembros del Estado. De los ocho municipios investigados, Salas afirma que “los liderazgos funcionan con temores”, pero solo en Sincelejo la situación es diferente porque “les hemos enseñado que las luchas y nuestras necesidades no tienen tinte político”. En agosto de 2019, la Alcaldía municipal de Sincelejo inició la formulación e implementación de la política pública de diversidad sexual e identidades de género. Luis Fernando Arroyo, secretario del Interior municipal, resaltó que “es interés de la Administración municipal garantizar los derechos y esta política pública busca ser incluyente en cuanto a la participación, equidad e igualdad de derechos de toda esta población”, según un comunicado oficial de la Alcaldía.

Silenciamiento, narcotráfico y control territorial en el golfo de Morrosquillo

El golfo de Morrosquillo está ubicado en la zona costera de los departamentos de Sucre y Córdoba y en los que se encuentran los municipios sucreños de Coveñas, Tolú y San Onofre, analizados con los líderes y lideresas en el ejercicio de mapeo. Se identificó que es un lugar clave en la ruta del narcotráfico por los corredores estratégicos y “las playas, sistemas fluviomarinos y de manglares propicios para el embarque y desembarque de drogas y otras mercancías ilegales”, como alerta la Defensoría del Pueblo en la AT 061-18. Quienes han denunciado las dinámicas de narcotráfico en el municipio de San Onofre han sido intimidados por los grupos paramilitares, cuentan los liderazgos sociales. Por hacer parte del golfo de Morrosquillo, los líderes y lideresas de los municipios de San Onofre y Coveñas están en constante tensión con las AGC o Clan del Golfo, que sacan estupefacientes por esta zona del país.

Este año, el comandante de la Armada Nacional, el almirante Evelio Ramírez Gáfaro, reconoció la persistencia y fuerza de este grupo ilegal en la zona del golfo de Morrosquillo, según documentó Sucre Noticias. Agregó que este es un punto de lanzamiento de lanchas go fast (rápidas) y de embarcaciones que llevan estupefacientes y aseguró que la Armada Nacional, junto con el componente de Guardacostas —el comando de la Armada que se dedica a reprimir el delito en el mar—, está esforzándose por neutralizar el narcotráfico, haciendo incautaciones de clorhidrato de cocaína y afectando así de manera importante este negocio en el golfo. La Armada Nacional-Brigada de Infantería de Marina No. 1 tiene jurisdicción en 18 municipios del departamento, entre ellos San Onofre, Coveñas y Sincelejo, con un pie de fuerza de aproximadamente 500 hombres, según expresó el comando en respuesta a un derecho de petición enviado por La Paz en el Terreno.

Además, los líderes y lideresas de esta zona denuncian que la esfera política del departamento no le ha apostado a normativas que afecten contundentemente esta dinámica de narco y microtráfico. Sobre esto, La Paz en el Terreno envió una petición de información a la Gobernación de Sucre, sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

Por otro lado, en el municipio de San Onofre, los líderes pusieron en evidencia la disputa territorial que ha involucrado a la empresa Tekia, afiliada al Grupo Argos, una reforestadora de teca con propósitos maderables. Como documentó El Espectador, 22 familias buscaban que se les restituyeran más de 2.000 hectáreas que estaban en manos del grupo empresarial. Entre 1995 y 2003 fueron desplazadas del municipio más de 18.000 personas, a causa de la guerra librada entre las guerrillas desde los años 70 y paramilitares desde los 90, en las veredas Palmira y Pajonalito, en donde están ubicadas las tierras disputadas. Los campesinos alegan que estas tierras después fueron compradas por Argos y que ellos se vieron presionados por la violencia para venderlas.

La empresa afirmó en 2015 que estaba dispuesta a defender la imagen de la empresa, pues esas tierras se habían adquirido de “buena fe” y que tenían demandados a los falsos reclamantes de esas tierras. “En ningún momento imaginamos que en San Onofre nos reclamaran pues no hay razón, es una farsa. Llevamos cuatro años defendiéndonos y vamos a demostrar nuestra buena fe.

El año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras dio la razón a los campesinos reclamantes de Palmira y Pajonalito y mediante una sentencia ordenó la devolución de las cerca de 2.300 hectáreas a las familias. Según el medio Colombia Check, ahora la compañía debe devolver 12 predios a nueve víctimas del conflicto armado. Además, el medio afirma que la solicitud de restitución fue aceptada principalmente porque “las ventas de los predios a Tekia ocurrieron cuando en esa zona aún había un conflicto entre paramilitares y guerrilleros”. Los reclamantes concluyeron que ahora el reto es que se cumpla la sentencia.

San Onofre, sin duda, es uno de los municipios claves para entender las dinámicas de conflicto que se presentan en el territorio, no solo por su conexión con el mar Caribe sino también por ser el puente con la región de los Montes de María, integrada por municipios de Sucre y Bolívar.

“Nosotros estamos viviendo de la zozobra, nosotros prácticamente ejercemos el liderazgo desde el bajo perfil, nos autocuidamos porque no confiamos en las autoridades”, alertan los líderes y lideresas de Sucre. Una situación que ha repercutido en que no se conozcan algunas violencias y situaciones en el departamento, así como que están poco consolidados procesos organizativos. Los que se mantienen en la defensa de los derechos humanos no quieren seguir sintiendo que luchan solos, pues el recrudecimiento de la violencia pronostica que los años venideros pueden ser más difíciles.

Las agresiones a los liderazgos de restitución de tierras han aumentado en los últimos meses y los grupos armados ilegales los han sentenciado. Días previos a la masacre en San Marcos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), mediante un panfleto, declaró como objetivo militar a cuatro líderes del territorio y amenazó a todos aquellos “organizadores e incitadores a la invasión de tierras en esta región de seguir en ese cuento serán declarados objetivo militar en cualquier parte del territorio nacional”. Preservar el liderazgo y proteger a sus comunidades, es una labor que no será posible sin el compromiso pleno del Estado.

Amenazas y controversias: los riesgos siguen activos en Sucre
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