Historias

El nuevo orden de Colombia

Esta vez algo falló: lo que siempre había funcionado les falló.

© Café Caliente

—“Esto hace un mes no se podía ni siquiera imaginar”, dicen, repiten. Lo escuché tantas veces estos días, en Colombia: que nadie —nadie es nadie— lo previó.

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En el paro del 2019 se registró la muerte de Dilan Cruz y de otros tres jóvenes, asesinados por la Fuerza Pública en la represión de las protestas. En el 2020, 13 personas murieron en medio de las manifestaciones en rechazo al asesinato de Javier Ordóñez a manos de uniformados. En 2021 van 24 muertes, en ocho días de protestas. Y es apenas un primer registro, porque los gobiernos locales, autoridades y organizaciones de derechos humanos no han podido consolidar los números de un paro que continúa.

Temblores ONG, que desde hace tres años ha registrado casos de abuso y violencia policial, cuenta 31 muertos, 216 víctimas de violencia física, 77 heridos de bala y 10 víctimas de violencia sexual.

Esto muestra que la violencia en la protesta ha aumentado. En especial la que la Policía ha dirigido contra manifestantes en el Paro Nacional.

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El gobierno de Iván Duque se ha tomado en serio aquello de que el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Para eso cuenta, por supuesto, con una policía y un ejército, pero también con esos grupos de matones que muchos llaman “infiltrados” o “los motorizados”. Suelen llegar en moto o carro o a pie, suelen estar empleados en alguna dependencia estatal, suelen intervenir cuando hay que defender la causa popular con cachiporras o, si acaso, plomo.

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Marcelo Agredo era un estudiante de noveno grado: tenía un corte de pelo complejo, su sonrisa confiada. Esa tarde, 28 de abril, murió de un disparo a la cabeza que salió del arma de dotación de un patrullero motorizado.

Hacía años que en Puerto Resistencia —un lugar emblemático en Cali por la movilización social— no pasaba nada semejante. Los muchachos estaban excitados: rompían tabúes, prohibiciones, abrían —quizás— algún camino. El muchacho pateó por la espalda a un policía que estaba en una moto. Todo quedó grabado en un video. No logró derribarlo. Después de la patada, Marcelo y otros manifestantes corrieron en dirección opuesta al uniformado. El policía se bajó de la moto, desenfundó su pistola y le disparó por la espalda. Se oyó el disparo; Agredo cayó al piso boca abajo.

—A mi hijo le quitó la vida el Estado —dijo Armando Agredo, papá de Marcelo.

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Esta vez algo falló: lo que siempre había funcionado les falló. El débil ya no quería seguir siéndolo; el fuerte ya no supo qué hacer. Iván Duque salió a decir que la “Fuerza Pública tiene precaución en la exigencia de sus protocolos para no caer en provocaciones, pero hemos visto también casos donde se les ha disparado con arma de fuego o con bombas molotov, eso no es una protesta, una actitud de esa naturaleza es criminal”. Si quería dar un mensaje de tranquilidad no lo pudo hacer peor: su mutismo ante la violencia policial avivó el fuego, terminaron de convencer a los dudosos. Con esas muertes, con esas palabras, Colombia empezaba a ser distinta.

Si alguien supiera cómo empiezan las revoluciones sabría casi todo. Una revolución es un cambio radical en el estado conocido: llega cuando todo lo que dábamos por cierto deja de serlo de repente. Cuando las y los jóvenes indolentes se deciden a jugarse la vida, cuando los empresarios satisfechos se pelean con su gerente general, cuando los curas dejan la sumisión y encuentran su misión, cuando el hombre fuerte se hace débil y ya nadie le teme.

—A ese ya lo aguantamos demasiado tiempo. No, yo tampoco sé por qué. No sé por qué lo aguantamos ni por qué dejamos de aguantarlo.

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